Disponible el número 8 del boletín del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado: La Junta en clave socialista. En este número se trata acerca de la presencia del consejero de Industria y Empleo del Principado, Graciano Torre, que defendió ante el Parlamento la línea de avales de circulante a pymes. Otros temas incluidos en este octavo número son el respaldo a las políticas de empleo juvenil, la ampliación del plazo para presentar propuestas de resolución al Programa de Desarrollo Rural o el aval que la tramitación del modificado del HUCA recibió de la directora jurídica de Gispasa.

Para acceder a este número se puede seguir cualquiera de estas dos rutas:

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http://issuu.com/fsapsoe/docs/boletin_gps_08

Disponible el tercer número del boletín del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado: La Junta en clave socialista.

Para acceder a este tercer número, en el que se refleja la actividad parlamentaria de la última semana, se puede seguir cualquiera de estas dos rutas:

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Disponible el segundo número del boletín del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado: La Junta en clave socialista.

Para acceder a este segundo número, en el que se refleja la actividad parlamentaria de la última semana, se puede seguir cualquiera de estas dos rutas:

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Disponible el primer número del boletín del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado: La Junta en clave socialista.

Para acceder a este primer número, en el que se refleja la actividad parlamentaria de la última semana, así como las visitas de los parlamentarios socialistas a Somiedo y San Martín del Rey Aurelio, se puede seguir cualquiera de estas dos rutas:

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Igual nivel de servicios, la prioridad indiscutible

Hace ya algunos años que comenzó a plantearse, fundamentalmente desde Cataluña, un cambio del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas basado en el criterio de pagar por renta y recibir por población, los socialistas asturianos respondimos que el objetivo no podía ser el de igualar el gasto por habitante, sino que todos los habitantes tuviesen igual nivel de servicios.

Lo hicimos en la convicción de que la prestación de los servicios públicos tiene una repercusión directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que garantizar un nivel de prestación equivalente a lo largo de todo el territorio es una prioridad indiscutible en la agenda de responsabilidades públicas.

Pero el coste de proporcionar el mismo servicio es distinto en cada territorio, por la también distinta intensidad de la demanda, el diferente coste de los factores o las singularidades geográficas y socioeconómicas.

Ésas eran, a nuestro juicio, las condiciones previas para abordar un cambio en el sistema, que se justifica no sólo por la necesidad de incorporar a los nuevos residentes, sino también en que los distintos modelos que se han implantado dieron por suficiente una distribución de recursos que mantenía la calidad y cantidad de los servicios públicos en el nivel con el que fueron transferidos. Es decir, dieron por bueno el reparto territorial de los servicios públicos en el momento anterior al traspaso, quedando consagrado un statu quo que posiblemente no proporciona una igualdad efectiva en el acceso a los servicios públicos regionales en el conjunto de España.

En el debate se han utilizado conceptos que no siempre se han manejado de manera objetiva: bilateralidades imposibles en negociaciones que afectan a dieciséis actores; ciudadanos que supuestamente hacen mayor esfuerzo fiscal que los residentes en otras comunidades autónomas, aunque a todos se les aplique la misma escala tributaria; equívocos principios de ordinalidad que parten de la hipótesis falsa de que el sistema de financiación puede cambiar la posición de las Comunidades Autónomas en el seno del pelotón autonómico de renta por habitante; gobiernos autonómicos que se muestran muy exigentes requiriendo recursos de la Administración central mientras eliminan el impuesto de sucesiones a sus residentes…

Aunque difícilmente la mayoría de los ciudadanos puede haberse formado una idea muy precisa de las razones que esgrime cada gobierno regional en la defensa de sus intereses. Los socialistas asturianos hemos defendido siempre un sistema que preserve los intereses de Asturias, en el marco del interés general del conjunto de España. Es esta la posición desde la que analizamos el modelo que plantea el Gobierno de la nación, y aunque aún no es posible valorarlo de forma objetiva, sí podemos, en cambio, considerar dos asuntos medulares:

Primero. Se nivelarán todos los servicios. No sólo los denominados esenciales –educación, sanidad y servicios sociales-, sino también otros que consideramos básicos, como la protección ambiental, la justicia o la universidad, por citar algunos cuyo nivel de prestación no puede depender de la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma.

Segundo. Se tenderá a la igualación de financiación por habitante ajustado, es decir, la población se modulará en función de la dispersión, el envejecimiento, los usuarios potenciales, la superficie…

Las preguntas que debemos hacernos son varias aún:
¿Cómo se comportarán en el tiempo los mecanismos de nivelación de los dos grupos de servicios considerados en el modelo?
¿Podrán las modulaciones que determinan el habitante ajustado reflejar el coste aproximado de la prestación de una misma unidad de servicio en cada lugar del territorio nacional?
¿Qué porcentaje de ingresos se aplicará a las necesidades de gasto de los servicios considerados esenciales?
¿Qué cantidad adicional debe aportar la Administración General del Estado?

Sobre esta última cuestión, mucho se ha hablado temiendo el supuesto debilitamiento del Estado. Y, efectivamente, es un riesgo que hay que valorar. Pero también es cierto que las necesidades de gasto asociadas a los servicios prestados por las Comunidades Autónomas (sanidad sobre todo) han crecido por encima de la recaudación tributaria, a la inversa de lo que ha venido ocurriendo en el ámbito de la Administración General del Estado. Existe, por tanto, un desequilibrio vertical (entre el Estado y las Comunidades Autónomas) que debe atenuarse (el Gobierno central dispone del 72% de los ingresos impositivos mientras sus gastos suponen el 55% del total de gasto público).
Sin embargo, la mayor atención se prestará sin duda al equilibrio horizontal, es decir, al reparto entre Comunidades Autónomas.

Los socialistas asturianos somos conscientes de que, en un Estado compuesto, la implantación de un mecanismo de nivelación basado en el objetivo de igualar los niveles de prestación de los servicios públicos ni es sencilla ni es pacífica. Pero creemos que existen razones poderosas que avalan la necesidad de consolidar eficientes mecanismos de nivelación. En primer lugar, porque en nuestro país existen, desgraciadamente, fuertes desequilibrios regionales. La renta media de las comunidades más ricas duplica a la de las más pobres, lo cual convierte a la política de equidad interterritorial en una piedra central del mecanismo de nivelación.

En segundo lugar, porque, para los socialistas, un mecanismo de nivelación o una transferencia de la Seguridad Social no es una ayuda ni un subsidio, sino un derecho, un derecho de ciudadanía por pertenecer a un mismo país, a un único marco jurídico político.

Javier Fernández Fernández
Secretario general de la FSA-PSOE